|
martes 07 de septiembre del 2010
|
Noticias
22/01/2010 - El Gobierno considera "oportunista y malintencionado" el debate sobre el empadronamiento de los extranjeros
El Gobierno considera "oportunista y malintencionado" el debate sobre el empadronamiento de los ciudadanos extranjeros que residen ilegalmente en España.
Ha rechazado además que existan contradicciones porque convivan normas que obligan a empadronar a los ciudadanos extranjeros que residen ilegalmente en España con otras que obligan a repatriarlos; "son normas que cumplen funciones diferentes", ha dicho la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha criticado el debate que se ha planteado al respecto.
"La inmensa mayoría de los ciudadanos extranjeros empadronados están en situación legal y trabajan con plenas obligaciones y derechos de ciudadanía", ha aseverado De la Vega, y ha incidido en que ésa es la política de inmigración que ha promovido el Ejecutivo, "una inmigración legal y ordenada, con derechos y obligaciones".
La situación económica en España ha provocado además un descenso del número de empadronamientos, ha señalado la vicepresidenta, que ha cifrado en un 56 por ciento ese descenso y ha insistido en que el padrón es un registro de carácter administrativo.
Al ser preguntada por la posible contradicción que supone que convivan normas que obligan a repatriar a los inmigrantes ilegales con otras que obligan a los ayuntamientos a empadronarlos, la vicepresidenta ha observado que "son normas que cumplen funciones diferentes".
Ha diferenciado en ese sentido una que define la política general de inmigración del Gobierno y las que persiguen conocer la población que reside en España, y ha concluido que ésta "no es incoherente con la Ley de Extranjería".
De la Vega ha criticado a quienes pretenden solucionar problemas "con atajos", y ha subrayado la necesidad de aplicar normas "que sean coherentes".
HAITÍ: DE LA VEGA REPRESENTARÁ A ESPAÑA Y LA UE EN LA CONFERENCIA DE DONANTES DE MONTREAL
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, representará a España y la UE en la conferencia de donantes para Haití que se celebrará el lunes en Montreal (Canadá), según ha anunciado este viernes la misma portavoz del Ejecutivo.
La decisión de que sea De la Vega quien represente a la UE en esa cita se ha adoptado en acuerdo con la Alta Representante de Política Exterior de los Veintisiete, Catherine Ashton, que el lunes presidirá en Bruselas la reunión periódica de los ministros europeos de Exteriores, han precisado fuentes gubernamentales españolas.
"Nuestro compromiso con Haití es claro y firme; estamos firmemente decididos a acompañar a los haitianos en la reconstrucción de su país", afirmó De La Vega, que aprovechó para trasladar sus condolencias a las familias de las cuatro víctimas españolas en el terremoto, recordó que España --que ejerce este semestre la presidencia de turno de la UE-- destinará "más de 120 millones de euros a la reconstrucción de Haití".
Puso de relieve que este país ya ha enviado 16 aviones con ayuda humanitaria y ha destinado tres millones de euros para trasladar a Haití "medicinas, equipos médicos y quirúrgicos".
Además, señaló que España ayudará financieramente a Haití con una donación de "hasta cinco millones de euros con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo para reconstruir sus infraestructuras y poder prestar los servicios básicos".
Los 70 millones de euros ya destinados a proyectos en Haití dentro del Fondo del Agua y los 20 millones de cooperación bilateral con este país "serán redirigidos a aquellos programas que se consideren prioritarios tras el seísmo", precisó De la Vega, quien indicó que España ya ha comprometido otros 30 millones de euros en otros programas de distintos organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos o Unicef.
De la Vega ya representó a España y a la UE en la reunión preparatoria del pasado 18 de enero en Santo Domingo de una futura cumbre mundial por Haití.
ADOPCIONES
Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, propondrá para su debate en el Consejo de la UE del próximo lunes una "respuesta conjunta y unitaria" de la Unión para acelerar la adopción de niños que han sido víctimas del terremoto de Haití y mejorar la atención a los que han quedado en el país, según anunció Fernández de la Vega.
En concreto, detalló que la propuesta constará de tres puntos: acelerar los trámites de adopción de los niños haitianos; impulsar, conjuntamente con Unicef y Cruz Roja, la asistencia y protección internacional a los que han quedado huérfanos; y potenciar la acción de las agencias de cooperación para proteger a los menores que permanecen en el país y son especialmente vulnerables a los efectos del seísmo.
Por lo que respecta estrictamente a España, De la Vega constató que "son muchas las peticiones de adopción y acogida que se están recibiendo estos días", lo que interpretó como una muestra de la solidaridad de los españoles. En este sentido, indicó que priorizará la agilización de los trámites que ya estén en curso, recordando que las normas internacionales y la ley española prohíben expresamente la adopción o acogida de menores de países en guerra o afectados por una catástrofe natural, como "garantía para que los niños no sean separados de manera involuntaria de los padres".
DECLARACIONES DE AZNAR
Sobre las declaraciones de este viernes de Aznar, la vicepresidenta De la Vega calificó de "irresponsables" las declaraciones del ex presidente en las que pedía explicaciones a su sucesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por el llamado "caso Faisán", y señalaba que es "muy difícil" que éste tuviera lugar sin el permiso de las más altas autoridades.
Preguntada al respecto, De la Vega comenzó recordando que "No hago comentarios sobre declaraciones, y menos de ex presidentes del Gobierno". Sin embargo, luego dijo que "hay que ser respetuosos con las instituciones, que en este país funcionan bien".
En este sentido, la vicepresidenta recordó que España "es un Estado de derecho" y que ya "se están realizando las investigaciones oportunas". Acerca de ellas, aseguró que "el Gobierno va a respetar los tiempos y los procedimientos de los jueces".
